Once personas –mujeres, hombres y jóvenes– sostienen una computadora sobre sus manos dentro de un humedal, esa es la imagen que se puede ver en el sitio web de Quili.Ai, una iniciativa que buscó revitalizar la inteligencia análoga, mediante el trabajo de 40 vecinos que respondieron por un día cientos de consultas: desde cómo elaborar recetas de cocina hasta consejos personales. «Un pueblo se convierte en IA en un intento por ahorrar agua», explican desde la organización, a propósito de la escena. El impacto de la campaña ciudadana llegó hasta la prensa internacional, como el medio alemán Deutsche Welle que cubrió la noticia.
La expansión de la inteligencia artificial, mediante consultas a chatbot hasta otras aplicaciones de mayor especialización, ha abierto un debate sobre la creciente instalación de data centers y sus consecuencias medioambientales. En 2015, Quilicura se convirtió en la primera comuna de Latinoamérica donde Google instaló un centro de datos que hoy abarca más de once hectáreas. El sector es conocido como “el cordón industrial” de Santiago por concentrar la mayor cantidad de empresas industriales a las afueras de la zona norte de la Región Metropolitana. Pero también, es un territorio donde conviven humedales, vegetación, cerros y sectores residenciales.
La instalación de estas empresas no ha sido inocua. Al contrario, Chat GPT o Gemini dependen de servidores donde se almacenan, procesan y distribuyen cantidades enormes de datos, que funcionan bajo sistemas de enfriamiento. Estos requieren grandes volúmenes de agua: solo el data center de Google consume 50 litros de agua por segundo, de acuerdo a los informes presentados por el gobierno en la fase de propuesta del proyecto. En concreto, un texto de 100 palabras elaborado por Chat GPT equivale a un consumo aproximado de medio litro de agua.
A escala global, según la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumen entre el 1,5% y 2% de la electricidad en el mundo, y lo mismo ocurre con el agua: la instalación de un data center de grandes dimensiones puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día, es decir, lo que consume una ciudad de 50.000 habitantes, según los datos que expone una investigación realizada por Mongabay Latam.
En Chile, la mayoría de los data centers, de mediana y gran escala, se encuentran dentro del radio Santiago-Valparaíso, en donde hay 22 en funcionamiento. Una cifra que, sin embargo, busca incrementarse en el corto plazo. La Estrategia Nacional de Data Centers proyecta nuevos centros que logren posicionar a Chile como un referente regional en el área. Estas proyecciones tecnológicas, sin embargo, abren interrogantes: ¿qué costo tiene la expansión y para quiénes? ¿De qué manera se protegen los territorios?, y ¿con qué planes efectivos?
Contexto de instalación
La historia de los centros de datos se asocia a la creación del primer computador que llevó por sigla ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), creado en los años 40 por los ingenieros John Presper y John William Maucly, de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Esta máquina pesaba cerca de 27 toneladas y era capaz de calcular tablas balísticas, útiles para el Ejército de Estados Unidos, y otros problemas numéricos a los que se anticipaba mediante proyecciones. De esa manera, comenzaron a instalarse los centros de datos de programación, en paralelo al avance de las tecnologías, la expansión de internet y los sistemas digitales como lo conocemos actualmente.
Llamativamente, este debate tecnológico en Latinoamérica tiene como territorio a Chile y, más específicamente, a Quilicura. En la comuna existen seis centros de datos aprobados para funcionar, los cuales pertenecen a las empresas Ascenty, Sonda, Cirio, Google y Microsoft. Dentro de la región, Chile ocupa el tercer lugar de los países con mayores centros de datos, después de Brasil y México, según información de Mongabay Latam. Pero, ¿por qué se instalan acá? Se reconocen varias razones.
Katherine Carvallo es una de las vecinas que integra la Corporación Ngen, de Quilicura, una organización ciudadana dedicada a la defensa medioambiental e integrante de la campaña Quili AI. Explica que uno de los motivos por los cuales estas empresas han decidido instalarse en la comuna responde a la ausencia de un plano regulador que las limite. Es un trabajo que han llevado adelante para contar con dicho instrumento de planificación territorial que permitiría un ordenamiento efectivo, delimitando zonas para la construcción industrial y regulando su expansión.
A esto se suma la ubicación estratégica de la comuna por su conexión con las principales carreteras que cruzan la región (Panamericana), la ruta hacia Valparaíso y enlace con el aeropuerto internacional. Esto es un aspecto relevante considerando que se tratan de empresas multinacionales que buscan los principales centros operativos de los países para agilizar la conectividad. Además, Chile se posiciona como un país atractivo para los inversionistas tecnológicos por sus energías renovables abundantes y de bajo costo.
Huella hídrica
El funcionamiento de estos centros de datos depende de la forma en que se procesan el enfriamiento de sus servidores, principalmente mediante el uso intensivo del agua para los sistemas de refrigeración, humidificación y mantenimiento. Para un data center de gran escala el uso diario de agua podría variar de entre 1 a 3 millones de litros.
La abogada Alejandra Berríos de ONG FIMA, que desde 1998 trabaja por el acceso a la justicia ambiental en Chile, aclara que las instalaciones de estos centros de datos “son bastante inocuas si no fuera por la cantidad de agua que muchas veces requiere su tecnología específica”. Es decir, que depende de los insumos que necesita para su funcionamiento. “Hay casos en los que los data centers utilizan otra tecnología para su sistema de refrigeración, con líquidos refrigerantes, que permiten ahorrarse esa preocupación y ese impacto”, detalla Berríos.
La situación de escasez hídrica no proyecta un escenario positivo para los próximos años. Al contrario, se avizora una disminución de las precipitaciones y de reservas de agua que están en los acuíferos, de agua subterránea. Es un contexto que, advierte la abogada, debe ser considerado dentro del debate sobre la expansión de estos centros.
Una de las luchas ambientales que ha impulsado la comunidad en Quilicura es la protección del humedal urbano, que tiene una extensión de 468,4 hectáreas, reconocido en 2025 por el Ministerio del Medioambiente. Cuando las y los vecinos revisan fotografías de hace una década, el contraste se hace evidente: la aridez, la disminución de agua y vegetación en la zona, parte de la cuenca hidrográfica del río Maipo. Con esto, la condición de escasez hídrica declarada en la Región Metropolitana se profundiza aún más por el consumo de agua destinado al funcionamiento de las empresas del cordón industrial.
“Quilicura no es una comuna que tenga áreas verdes, no tenemos un pulmón verde. Y nosotros llevamos muchos años luchando por el reconocimiento del humedal urbano porque efectivamente vimos que se estaba secando, porque hoy se están consumiendo grandes cantidades de aguas en estos terrenos. Y lo que han hecho los privados es querer secarlo para que este humedal no sea reconocido dentro del territorio”, sostiene Katherine.
Legislación
Como ocurre con otros proyectos de esta envergadura, los data centers también deben ser evaluados como cualquier otro proyecto susceptible de causar impacto medioambiental. Esta evaluación no se realiza por tipo de actividad o tecnología, sino que inspecciona los impactos generales que puede tener la realización del proyecto. No existe ninguna categoría específica para estas empresas al ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Berríos explica que frente a esto, la evaluación debe responder otras tipologías que existen dentro del proceso, como el almacenamiento de sustancias peligrosas o la generación eléctrica mayor a 3 MW, que son los que típicamente están asociados a este tipo de instalaciones.
Por esta razón, es relevante que a la hora de evaluar ambientalmente estos proyectos de centros de datos o de cualquier otro proyecto industrial que importe un estrés hídrico, se evalúe en su totalidad, obligatoriamente considerando la proyección que impone el cambio climático. “Es necesaria una proyección hacia el futuro porque considerar el mismo nivel de precipitaciones y de recarga de acuíferos que tenemos hoy, sería ignorar la evidencia de que estas reservas van a disminuir”, dice la abogada ambientalista.
Un aspecto que desde FIMA tienen en la mira, es un ajuste al reglamento del SEIA, hecha en 2025, que dispuso la modificación de los umbrales de ingresos de estos proyectos. Por “umbrales de ingresos” se entienden las características objetivas que, de cumplirse, hace obligatorio que un proyecto ingrese a evaluación.
Por ejemplo, explica Berríos, se disminuyó el umbral para las líneas de transmisión eléctrica, que antes, al tener una extensión de dos kilómetros, podían ingresar al SEIA y, por lo tanto, debían pasar por evaluación ambiental. Actualmente se extendió esa longitud a una mayor extensión y varios proyectos de data centers que ingresaron por esa causal estarían quedando fuera del SEIA, lo que implica que no se evaluaría la totalidad del proyecto. “Es una modificación que puede ir en contra del sentido del SEIA porque el objetivo es que si estos proyectos se van a instalar, tiene que ser evaluado correctamente su impacto ambiental”, advierte.
Sobre esto, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, se pregunta por la decisión de debilitar los controles ambientales para la expansión de estos proyectos. Para él, dicha modificación ha tenido un resultado predecible: comunas como Quilicura, Cerrillos, Pudahuel y Colina que absorben el consumo intensivo de agua y energía de estas infraestructuras sin información pública, sin participación ciudadana y sin garantías de mitigación. “Chile necesita una regulación a la altura de la expansión digital”, sostiene.
Como vecina de Quilicura y compartiendo el territorio donde se instalan los data centers, Katherine Carvallo duda de la “responsabilidad empresarial” de la que estas empresas hablan. Google plantó un bosque que actualmente se encuentra seco en una colina de Quilicura. Y ella cree que deberían existir otras medidas compensatorias. “Deberíamos tener un instituto técnico que enseñe a nuestros niños ciertos temas de tecnología, que estas empresas den la posibilidad a los niños de escasos recursos de poder trabajar o que den puestos laborales a vecinos de la comuna, incluso, tener internet gratis en la comuna. Pero no es así”, comenta.
Educación Ambiental
“No estamos en contra de la inteligencia artificial ni del avance tecnológico”, aclara inmediatamente Katherine al hablar sobre la campaña que llevaron adelante en Quilicura. Pero sí cuestiona la falta de transparencia de las empresas tecnológicas y su impacto en el territorio. “A nosotros nos presentaron el tema como un desarrollo científico, pero no nos dijeron que este consumo tenía un daño hídrico, o sea, un consumo de carbono. No nos dijeron que íbamos a dañar más el planeta”.
Frente a eso, comenzaron a indagar en el uso de estas tecnologías, en su aumento acelerado a nivel mundial y a tomar acciones dentro de la comunidad. Es inconcebible, señalan en la campaña Quili AI, pensar que alguien que utiliza la IA de forma casual para crear imágenes graciosas en Nueva York o Berlín pueda afectar al suministro de agua en Quilicura. Es por eso que también llaman a preguntarse, cuáles son los usos que se le está dando a esta tecnología. Katherine reflexiona: “¿Para qué le voy a preguntar a mi mamá si se lo puedo preguntar a la inteligencia artificial? Es un círculo”.
Esto hace pensar en procesos educativos que aborden el uso de estas tecnologías y que vayan permeando cada vez más en sus usuarios. Lionel Brossi, profesor asociado y director del Laboratorio Inteligencia Artificial y Creatividad de la Universidad de Chile, en primer lugar, plantea la necesidad de quitar una concepción casi “mágica” o abstracta de la inteligencia artificial y entenderla como una herramienta que tiene consecuencias reales y materiales.
“El tema es que el incentivo no viene solo por buena voluntad, sino que se necesita mucha transparencia. Uno de los puntos, por ejemplo, es que quienes trabajamos para políticas públicas tecnológicas, exijamos que las empresas abran esa caja negra y nos muestren el impacto de sus modelos o a partir de la alfabetización mediática”, explica.
«Te hacen sentir culpable de que nos estemos quedando sin agua cuando hay industrias que ocupan millones y millones de litros de agua al año para producir cerveza, bebidas, agua mineral. A ellos no se les exige ahorrar ni producir menos, lo mismo pasa con esta tecnología” (Giovanna Romero).
La discusión aún necesita decantar a la masividad de usuarios de las tecnologías digitales, para comenzar a generar conciencia de que esta herramienta conlleva una huella material y ambiental en los territorios. Esto requiere esfuerzos no solo desde los medios que han dado a conocer los impactos en los territorios, sino en las instituciones educativas, formales y no formales. Pero tampoco es suficiente cuando existen grandes empresas que trabajan con inteligencia artificial en la mayoría de sus procesos.
Lo advierte Giovanna Romero, encargada de reforestaciones y regeneración del observatorio Küla Kura, en Quilicura: “El mayor uso la hacen empresas que trabajan con inteligencia artificial y es como cuando te piden ahorrar agua, que te hacen sentir culpable de que nos estemos quedando sin agua cuando hay industrias que ocupan millones y millones de litros de agua al año para producir cerveza, bebidas, agua mineral. A ellos no se les exige ahorrar ni producir menos, lo mismo pasa con esta tecnología”.
El debate sobre el uso de la inteligencia artificial demuestra que no se trata de una tecnología inocua, sino de una herramienta con efectos concretos en los territorios y las comunidades. Su expansión acelerada a nivel mundial está, además, modificando las maneras de adquirir información y de acelerar procesos, que también nos hacen reflexionar sobre el modo de vida que proyectamos como sociedad, los límites éticos y las maneras de cuidar la vida y la tierra.
Referencias
Inteligencia artificial: crecen los conflictos alrededor de los centros de datos por el agua, la energía y el territorio (2026), Mongabay Latam.
En Chile, la IA desata debates políticos (2025), The New York Times.
La sed de Chat GPT: la IA consume una cantidad de agua alarmante (2025), National Geographic.
Comunidad en Chile emula a la IA en denuncia por uso del agua (2026), Deutsche Welle.
Plan Nacional de Data Centers (2024-2030), Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Foto de Portada: Humedal. ©Katherine Carvallo
