En ese “después” se define si un ecosistema será restaurado, abandonado o reconvertido. Se decide qué actividades serán posibles, qué protecciones permanecen y cuáles se diluyen. Y, sobre todo, se establece qué valor se le asigna a un paisaje herido.
Este texto no busca señalar culpables ni alimentar teorías conspirativas. Propone algo distinto: mirar los incendios forestales como procesos territoriales completos, cuya fase posterior puede ser tan determinante como el propio evento. Porque incluso cuando no hay intencionalidad criminal, los vacíos normativos pueden generar incentivos que transforman la degradación en oportunidad.
Incendios como puntos de inflexión territorial
Los incendios forestales no solo destruyen la cobertura vegetal. También alteran el estatus ecológico, social y político del suelo.
Un bosque quemado deja de ser bosque.
Un ecosistema degradado pierde parte de su condición de intocable.
Un territorio herido comienza a percibirse como improductivo o disponible.
Cuando el marco legal no protege explícitamente ese estado de vulnerabilidad, el incendio puede abrir la puerta a cambios de uso del suelo que antes habrían enfrentado fuertes restricciones ambientales y sociales.
En el centro-sur de Chile, numerosos incendios ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990 afectaron superficies de bosque nativo que posteriormente fueron reemplazadas por plantaciones forestales industriales de pino y eucalipto. Este proceso no fue necesariamente inmediato ni ilegal. Ocurrió porque la normativa permitió que un suelo degradado se destinará a usos productivos sin una obligación efectiva de restaurar el ecosistema original. El resultado ha sido ampliamente documentado: pérdida de biodiversidad, homogeneización del paisaje y mayor vulnerabilidad a incendios futuros debido a la inflamabilidad de estas plantaciones (CONAF, 2015; CR2, 2024). El problema, por tanto, no es solo quién inicia el fuego, sino cómo el sistema responde después.
El territorio después del incendio
Chile es altamente vulnerable a los incendios forestales debido a la combinación de sequía prolongada, cambio climático, expansión urbano-rural y simplificación ecológica del paisaje (CR2, 2024). Sin embargo, la discusión pública suele concentrarse en la emergencia inmediata y en la búsqueda de responsabilidades individuales. Con menor frecuencia se examina qué ocurre con el territorio una vez que el incendio termina.
Actualmente, Chile no cuenta con una política nacional robusta que proteja de forma prolongada las áreas incendiadas. No existe una prohibición general de cambio de uso de suelo post-incendio ni un mandato obligatorio de restauración ecológica antes de evaluar nuevos proyectos productivos. La evaluación ambiental opera principalmente caso a caso, según la línea base existente en cada territorio. Esto plantea una pregunta clave: ¿qué sucede cuando esa línea base ya ha sido degradada por el fuego?
Un área quemada puede ser clasificada como alterada o intervenida, lo que en algunos casos reduce las exigencias ambientales para proyectos industriales, energéticos o de infraestructura. No se trata de afirmar que los incendios se provocan para habilitar proyectos, sino de reconocer que el sistema no garantiza que el territorio reciba mayor protección precisamente cuando es más vulnerable.
Evidencia territorial en Valparaíso y Biobío
Un análisis exploratorio de incendios ocurridos entre 2006 y 2010 en las regiones de Valparaíso y Biobío muestra dinámicas que merecen atención.
En Valparaíso, incendios de gran magnitud afectaron sectores como Placilla-Curauma, Fundo El Llano, El Molle y Colliguay. En los años posteriores, esos mismos corredores territoriales concentraron múltiples proyectos industriales y de infraestructura aprobados ambientalmente, incluyendo instalaciones energéticas, sanitarias y logísticas.
Uno de los casos más citados es la aprobación en 2013 de una planta recicladora de aceites lubricantes usados en el Fundo El Llano, tres años después de un incendio que consumió más de 1.200 hectáreas. Aunque el proyecto finalmente no se ejecutó, su aprobación evidencia que un territorio recientemente incendiado puede considerarse viable para iniciativas de alto impacto (SEA, 2013).
Tras los megaincendios del verano de 2017, comunas como Florida y Hualqui —en la Región del Biobío— comenzaron a registrar la aprobación de diversos proyectos sanitarios, energéticos e industriales (SNIFA).
Estos casos no demuestran causalidad directa, pero sí revelan que el fuego no congela el territorio: lo vuelve más permeable a transformaciones.
Un fenómeno global
Lo ocurrido en Chile no es excepcional. En Estados Unidos, particularmente en California, diversos estudios han documentado cómo áreas devastadas por incendios han sido posteriormente reclasificadas para desarrollos inmobiliarios o infraestructura, bajo el argumento de que el ecosistema original ya no puede recuperarse en el corto plazo.
Tras los incendios de Santa Rosa (2017) y Paradise (2018), el proceso de reconstrucción abrió debates sobre cambios de zonificación y sobre el riesgo de que los desastres funcionen como catalizadores de transformaciones territoriales no discutidas públicamente (Mockrin et al., 2018). La lección es clara: cuando no existen reglas explícitas de protección post-incendio, la urgencia económica y el mercado tienden a ocupar ese vacío.
Incentivos indirectos y desigualdad territorial
No es necesario que exista mala intención para que un sistema produzca resultados injustos. Basta con que los incentivos estén desalineados. Cuando un territorio pierde su cobertura vegetal, ve degradadas sus funciones ecológicas y no recibe protección reforzada ni prioridad de restauración, puede terminar siendo evaluado como suelo disponible. En ese contexto, el sistema —sin proponérselo explícitamente— puede terminar premiando la degradación.
Esto resulta especialmente problemático en un país marcado por profundas desigualdades territoriales, donde comunidades rurales y periurbanas suelen enfrentar simultáneamente los impactos del fuego, la pérdida de servicios ecosistémicos y la presión por nuevos usos productivos.
El principio precautorio como base ética y restaurar como política pública
El derecho ambiental contemporáneo reconoce el principio precautorio: frente a riesgos graves o irreversibles, la falta de certeza científica no debe impedir medidas de protección. Aplicado a los incendios forestales, este principio plantea una pregunta fundamental: ¿debe un territorio quemado tener menos protección que uno intacto?
Si la respuesta es negativa, entonces la política pública debería asegurar que las áreas incendiadas reciban protección reforzada, priorizando la restauración ecológica antes de autorizar transformaciones permanentes. Proteger después del fuego no implica congelar el desarrollo ni castigar a las comunidades afectadas. Significa evitar que el futuro del territorio quede definido por su momento de mayor vulnerabilidad.
La restauración ecológica post-incendio en Chile depende en gran medida de iniciativas fragmentadas, financiamiento limitado y esfuerzos locales. Esto dificulta la recuperación de ecosistemas complejos y favorece procesos de degradación permanente. Las consecuencias incluyen pérdida de flora endémica, fragmentación de hábitats, disminución de fauna nativa y aumento del riesgo de nuevos incendios. En un contexto de crisis climática, restaurar no es un acto voluntario ni simbólico: es una estrategia de seguridad territorial.
El cambio climático seguirá aumentando la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. La pregunta relevante no es si habrá más fuego, sino cómo se gestionará el territorio después. Cerrar vacíos normativos, fortalecer la restauración ecológica y establecer restricciones claras al cambio de uso de suelo post-incendio no es una postura radical, sino una forma de asegurar que los desastres no se conviertan en mecanismos involuntarios de reconfiguración territorial. Porque el verdadero riesgo no termina cuando se extinguen las llamas. Comienza cuando se decide qué hacer con lo que queda.
Referencias
BioBioChile. (2010). Interponen querellas por incendios forestales en Placilla y Colliguay.
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). (2024). Incendios forestales y cambio de uso de suelo en Chile.
CONAF. (2015). Bosque nativo y plantaciones forestales en Chile.
Mockrin, M. H., et al. (2018). Wildfire, housing growth, and wildfire risk in the wildland-urban interface. USDA Forest Service.
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). (2013). RCA N.º 273/2013 – Planta Recicladora de Aceites Lubricantes Usados.
Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA). (s.f.). Fichas de unidades fiscalizables.
