Este libro realizado por Fundación Terram presenta un análisis crítico acerca de las causas que impulsan la explotación de hidrocarburos no convencionales y las consecuencias que traería para Chile, país donde la extracción de gas natural recién comienza.
El aprovechamiento de las fuentes convencionales del petróleo ha alcanzado un punto inesperado. Hasta el momento, los grandes yacimientos constituyen el 80% de la producción mundial y, según las prospecciones, ya se han encontrado casi todos. Ante la escasez del petróleo, recurso básico para la era industrial, se está utilizando la fracturación hidráulica o fracking como una alternativa para la extracción de gas de esquisto o shale gas, uno de los combustibles más usados en las grandes industrias.
Esta técnica se realiza a través de la inyección directa de agua con algunos aditivos químicos sobre ciertas rocas (roca de esquisto o roca madre) con el fin de fracturarlas y generar tal nivel de presión que permita que el gas comprimido emane a la superficie. Son los aditivos añadidos al proceso los que generan mayor polémica, ya que incluyen sustancias tóxicas, alérgicas y cancerígenas que traen efectos adversos para el medio ambiente y las comunidades aledañas a las zonas de explotación.
A su vez, el “uso intensivo del agua y contaminación de la misma, contaminación del aire, contribución de gases de efecto invernadero (GEI) al calentamiento global y al cambio climático, el uso de aditivos químicos, e incluso la inducción de sismos” son algunas consecuencias que el libro “Fracking: fracturando el futuro energético de Chile” menciona sobre el proceso extractivo de gas natural. Estas mismas causas han llevado a que esta práctica sea prohibida en varias localidades de Estados Unidos. Y como en el país anglosajón ya no puede realizarse, hoy la tendencia es trasladar este método extractivista a otros países del globo, y entre ellos, Chile.
El fracking en Chile
El libro publicado por Fundación Terram nos presenta una extensiva investigación donde se demuestra que Chile dispone de una amplia infraestructura de centrales térmicas que utilizan el gas natural como fuente de abastecimiento.
Tal escenario ha generado que la fracturación hidráulica en el país sea utilizada de manera indirecta a través de la importación de gas y, directamente, en el desarrollo de proyectos en la Región de Magallanes. Hasta el momento se registran 20 proyectos con 134 pozos que utilizarán el fracking para extraer gas natural, los cuales se encuentran aprobados o en calificación por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Según la investigación de Terram, las políticas a nivel país representan las intenciones del Estado por resguardar a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), a través de la modernización de la Ley ENAP, con medidas de largo y mediano plazo que buscan “cubrir los requerimientos energéticos del país mediante un proceso de regasificación nacional”. Entre esos requerimientos se encuentra el propósito de abastecer de gas natural al parque termoeléctrico nacional, buscando así sustituir el uso del diésel por el gas.
Una imperante falta de fiscalización
Este libro, además, hace un recorrido por las observaciones realizadas a las actividades de fracking en la Patagonia chilena, las cuales no presentan la información suficiente en sus Declaraciones de Impacto Ambiental (DCA) sobre las posibles consecuencias de insertar esta técnica en el mercado energético del país. Ejemplo de ello es lo mencionado en el proyecto de Bloque Arenal (el cual perforó 52 pozos en 2015) en cuya DCA se especifica si esta práctica traería consecuencias para la salud de la población, pero no se entregan suficientes antecedentes para respaldar tal afirmación.
Así también se analizan los casos de Bloque Fell de Geopark Fell Spa., y las influencias que tienen empresas estadounidenses como Cheniere Inc. (propietaria del complejo de regasificación Sabine Pass de Estados Unidos), TransCanada Corp (dueña del Gasoducto del Pacífico), AES Gener y Southwestern Energy en el sector energético nacional.
Finalmente, el texto expone la historia del lobby que Estados Unidos ha realizado en el sector energético chileno, el cual comenzó en 2009, luego que la Corte Suprema rechazara el funcionamiento de la termoeléctrica Campiche de Puchuncaví (AES Gener) y donde este asunto que era de tipo económico pasó a ser diplomático, por la inminente presión que los representantes estadounidenses ejercieron sobre el Estado chileno para que AES comenzara a operar, a pesar de los costos socioambientales que tendría para la localidad. Esa seguidilla de tráficos de influencias concluyó en la creación del Acuerdo de Cooperación en Tecnologías de Energías Limpias firmado en julio de 2014 por el ex ministro de energía Máximo Pacheco con Estados Unidos.
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