Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.
Así comienza el primer artículo de la propuesta oficial de nueva Constitución (bastante diferente, por lo demás, al primer artículo de la Constitución del 80 que reza que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad). Aunque sea amada por muchos y odiada por otros, no podemos negar que esta propuesta responde a las necesidades actuales de un país que vive una crisis climática y ecológica no dan tregua.
No podemos relacionarnos con el océano como si fuera sólo una fuente de ingresos, una visión obsoleta y destructiva, sino como un espacio que debemos cuidar para hacerle frente a la crisis climática y ecológica, las que por cierto, también quedan reconocidas en la nueva propuesta.
De los 445 artículos (entre permanentes y transitorios) de la propuesta, 98 están relacionados directa o indirectamente con el medioambiente, y se encuentran ubicados en 8 de los 10 capítulos del texto. Así, la gestión y protección del medioambiente son reconocidas de forma transversal en la nueva Constitución. Si se aprueba la Constitución, Chile sería el primer Estado del mundo en declararse como ecológico, ¿cómo se ve entonces esta propuesta?
En la nueva Constitución se reconoce que la Naturaleza tiene derecho a que se respete su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. Esto es mucho más que poesía, es reconocer que dependemos de la naturaleza y de sus funciones ecosistémicas, es decir, de la infinidad de beneficios que la naturaleza nos aporta y que hacen posible la vida humana, desde la provisión de alimento, regulación del clima y formación de suelos, hasta la recreación, bienestar y desarrollo cultural. Entonces, para tener un futuro, necesitamos de ecosistemas saludables que sigan proporcionándonos sus servicios, debemos entender que nuestra salud depende de la salud de la naturaleza y viceversa, como bien se refleja en la nueva propuesta: Las personas, los pueblos y la naturaleza son interdependientes y forman un conjunto inseparable entre sí, y el Estado, como custodio, debe proteger la naturaleza para las generaciones futuras.
Y como si consagrar los derechos de la naturaleza fuera poco, cabe destacar que en la nueva propuesta también se reconocen los derechos humanos ambientales, como el derecho a un medio ambiente sano, al aire limpio, a la participación informada en asuntos ambientales, el derecho de acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia ambiental. Mientras que por su parte, la Constitución chilena actual únicamente consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
La propuesta además incluye un Estatuto de las Aguas, que reconoce que el agua es un derecho y es deber del estado protegerla en todos sus estados y fases, además, el artículo 134 expone que el agua es un bien común natural inapropiable. Entonces, de aprobarse la nueva Constitución, se pondría término a la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua, lo que sí está contenido en la actual Constitución y en el Código de Aguas.
Avanzando en el texto, el artículo 139 estipula que Chile es un país oceánico y reconoce como categoría jurídica la existencia del maritorio, un concepto que nace en los 70 en la escuela de arquitectura de la PUCV para hacer referencia al mar interior de Chiloé y que ahora se posiciona en nuestro cotidiano. Con este artículo se busca entregar al mar la importancia que merece desde lo económico, social y medioambiental, y permite el manejo integral y creación de marcos regulatorios y legislativos específicos. Además, queda consagrado que es deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidado del océano. En lo personal, me llena de emoción este artículo porque quienes trabajamos en relación al océano sabemos que Chile es mar, que sus 3.681.989 km² oceánicos superan con creces a los 756.950 km² territoriales. Como decía el ecólogo marino Juan Carlos Castilla, “dejemos de decir que Chile es largo y angosto, Chile es ancho y profundo”.
Ya es hora de que le demos al océano la importancia que merece, no solo porque tenemos un extenso maritorio, sino porque gracias a él estamos vivos, nos aporta la mitad del oxígeno que respiramos, regula el clima, absorbe CO2, es fuente de alimentos, de bienestar y hace la Tierra habitable. Entonces, no podemos relacionarnos con el océano como si fuera sólo una fuente de ingresos, una visión obsoleta y destructiva, sino como un espacio que debemos cuidar para hacerle frente a la crisis climática y ecológica, las que por cierto, también quedan reconocidas en la nueva propuesta. El Artículo 129 dice: Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica.
Si se aprueba la Constitución, Chile sería el primer Estado del mundo en declararse como ecológico. ¿Cómo se ve entonces esta propuesta?
No podemos negar que estos avances en materia medioambiental se han cimentado en el conocimiento científico, que desde hace décadas viene evaluando y alertando sobre los devastadores efectos de la pérdida de diversidad, de hábitats y del calentamiento del planeta. Entonces, un país que se declara como ecológico no puede desentenderse de la necesidad de avanzar en el desarrollo de ciencia y tecnología (CyT). Pero ¿dice algo la nueva Constitución sobre este tema?
El 28 de julio, el autor Emiliano Rodríguez publicó un artículo en Nature que se titula “Chile propone nueva Constitución impregnada de ciencia” y es que efectivamente, la propuesta incluye muchos artículos que buscan potenciarla y descentralizarla. Por ejemplo, el artículo 97 señala que la Constitución garantiza la libertad de investigación y es deber del Estado estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, contribuyendo así al enriquecimiento sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.
Actualmente, las universidades más grandes de Chile están en Santiago, donde se recibe el mayor porcentaje de recursos destinados a CyT, pero la nueva Constitución señala que el Estado debe crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la ciencia a lo largo de todo el territorio (y maritorio). Y como no hay desarrollo científico sin buena educación, la propuesta también busca revertir la privatización de la educación impulsada en los 80, fortaleciendo una educación pública universal, inclusiva, gratuita y de calidad.
En el mundo científico –en realidad, en el mundo en general– existe una brecha de género evidente. De acuerdo con datos de la UNESCO, sólo el 30% de las investigadoras del mundo son mujeres, y yo me pregunto, ¿cómo vamos a construir un país ecológico y tecnológico sin nutrirnos de la diversidad de visiones y experiencias que nos entrega la equidad de género? Afortunadamente, las/os convencionales pensaron en esto y redactaron una propuesta con perspectiva de género e incluye artículos que fomentan cerrar estas brechas históricas, comenzando por el artículo primero que establece que somos una democracia paritaria, también queda consagrado el derecho a la identidad, los derechos sexuales y reproductivos, y el reconocimiento a los trabajos domésticos y de cuidado. Como dato extra, en el texto propuesto, paridad se menciona 18 veces, mujeres 12 y disidencias sexuales 6, por el contrario, la Constitución actual menciona mujeres sólo 1 vez (hombres y mujeres son iguales ante la ley), paridad y disidencias no se mencionan.
En este momento, Chile está siendo mirado por todo el mundo; hace pocas semanas el economista político David Adler escribía para The Guardian que Estados Unidos y el Reino Unido deberían seguir el ejemplo de Chile: “El producto de la convención es un documento visionario que no solo actualizaría, ampliaría y promovería los derechos básicos de las personas, sino que también establecería un nuevo estándar para la renovación democrática del siglo XXI”. Y para quienes creen que una Constitución Ecológica significa terminar con nuestra actividad minera, les comento que la nueva propuesta incluye el Estatuto de los Minerales que les invito a leer. Dentro del Estatuto, el Artículo 147 señala que el Estado debe establecer una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación y la generación de valor agregado.
La Constitución de Pinochet nos dejó un país tremendamente desigual, privatizado, y con un enfoque antropocéntrico-extractivista de la naturaleza. Cambiar nuestra relación con el medioambiente es posible, un futuro distinto es posible, y si bien esto requiere de un cambio de paradigma humano que no terminará con una nueva Constitución, definitivamente es un buen comienzo.
Notas a pie:
1 Reflexiones sobre el concepto de maritorio y su relevancia para los estudios de chiloé contemporáneo, Álvarez et al. 2019 https://www.redalyc.org/journal/459/45961140006/
2 En la zona económica exclusiva
3 Todo sobre las propuestas medioambientales en https://constitucionecologica.cl/
4 Chile proposes new constitution steeped in science https://www.nature.com/articles/d41586-022-02069-0
5 https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/jul/28/chile-updating-constitution-us-should-follow
Imagen de portada: Angele Kamp, vía Usnplash
